POR MARINO BÁEZ
“El desarrollo de una nación no se mide por la opulencia de su palacio presidencial, sino por la dignidad y el bienestar de su municipio más pequeño”.
Los ayuntamientos municipales de la República Dominicana constituyen la primera línea de defensa y el canal más directo entre los ciudadanos y el Estado, por ello, una verdadera descentralización presupuestaria permite que las comunidades resuelvan de forma inmediata sus necesidades de infraestructura, ordenamiento y servicios públicos esenciales, visto que cuando los gobiernos locales operan con autonomía financiera, se dinamizan las economías regionales y se fortalece la democracia participativa mediante gestiones municipales efectivas que transformen la realidad cotidiana y eleven de manera directa la calidad de vida de las poblaciones.
El incumplimiento sistemático de las Leyes 166-03, 170 y 176-07 está ahogando financieramente a las alcaldías del país, esto acontece a pesar de que la legislación estipula una transferencia del 10% del presupuesto anual aprobado para la administración del Estado, en razón de que los cabildos apenas reciben un pírrico 2%, por lo que, esta asfixia presupuestaria despoja a los municipios de los recursos legítimos que les corresponden para su desarrollo autónomo y ante el presente escenario, la autonomía municipal consagrada en la Constitución se convierte en una simple declaración de intenciones.
Los alcaldes y regidores conocen a la perfección el marco legal que respalda la entrega total de estos fondos de inversión; sin embargo, el liderazgo local ha preferido callar la verdad y asimilar dócilmente las migajas del poder central, desconociendo que al hacerle el juego al gobierno, los funcionarios municipales sacrifican la soberanía de sus territorios a cambio de asistencialismo, pero además olvidan que, este silencio cómplice perpetúa un modelo clientelar donde la sumisión política pesa más que el bienestar de los ciudadanos.
El Poder Ejecutivo suele justificar el recorte presupuestario bajo el argumento de prevenir supuestos actos de corrupción local, se acusa a los ayuntamientos de incapacidad administrativa para manejar grandes volúmenes de recursos económicos de forma transparente, no obstante, esta narrativa oficialista funciona como una perfecta cortina de humo para mantener el control discrecional del gasto público, con el argumento de que el Estado centraliza los fondos bajo la premisa de que los gobiernos locales no son confiables, o sea, son corruptos, o en su defecto se roban el dinero.
Esta dinámica de desconfianza mutua se ha convertido en el clásico pleito histórico entre el huevo y la piedra, ya que mientras el gobierno central acusa formalmente a los alcaldes de corruptos, utiliza esos mismos recursos retenidos para fines cuestionables, pero además, a través de la ejecución de presupuestos sobrevaluados en compras directas de equipos despoja a las comunidades de una fiscalización real, manejando de esta manera el dinero público, lejos de los controles que la misma ley municipal exige ser manejada con transparencia.
La centralización del gasto se evidencia en la adquisición dirigida de insumos para las diversas demarcaciones. El gobierno central ha preferido estratégicamente comprar de manera directa camiones compactadores, ambulancias y equipos para los bomberos locales, adquisiciones estatales que a menudo representan licitaciones cuestionadas y presupuestos inflados que lesionan el patrimonio nacional de todos los dominicanos, de modo, que la supuesta lucha contra la corrupción municipal se contradice con prácticas centralizadas opacas y no creíbles.
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) juega un papel pasivo que contradice activamente su misión institucional originaria, visto que como entidad, llamada a defender los intereses locales, no reclama de forma contundente el cumplimiento de las leyes y al alinearse con los intereses políticos del gobierno de turno está validando el desmantelamiento financiero de los cabildos, o sea, su complicidad e inacción deja desprotegidas a las alcaldías y consolida la subordinación del poder local al Poder Ejecutivo.
Por su parte, la Liga Municipal Dominicana (LMD) opera como un engranaje más de este esquema de control porque lejos de ser un órgano de asesoría técnica y fortalecimiento institucional, incurre en componendas con el Ejecutivo dominicano, ya que de manera discrecional administra las partidas presupuestarias que deberían ingresar directamente a las tesorerías de los municipios vecinos. Lo que al parecer olvida la LMD es que esas prácticas de intermediación financiera riñen abiertamente con los principios de transparencia y descentralización que se requiere la estabilidad financiera de los municipios.
Las consecuencias directas de este ahogo presupuestario e institucional las sufren diariamente las distintas comunidades del país, por lo que ante la falta de recursos técnicos y financieros, los municipios dominicanos se han convertido en vertederos públicos insalubres, pero además, es preciso destacar que la precariedad de los cuerpos de bomberos y el deterioro del espacio urbano evidencian el colapso del sistema local, en razón de que el precio que pagan los alcaldes por callar la verdad lo terminan pagando los ciudadanos dominicanos. Romper este molde de complicidad e impunidad estructural exige trascender la sumisión política de las autoridades locales y la hipocresía fiscalizadora del presidente de turno.
La verdadera autonomía municipal no nacerá de favores presidenciales ni de silencios negociados, sino de una auditoría social implacable ejercida por las propias comunidades. Solo cuando el liderazgo municipal asuma el riesgo de exigir que se cumpla la ley con valentía, y los ciudadanos auditen con rigor cada centavo transferido, se desmantelará la falsa premisa de la corrupción local para dar paso a una auténtica descentralización de los municipios.
El autor es escritor y periodista
Reside en Estados Unidos
Noviembre 07, 2026
Comentarios
Comentar con Facebook