La reciente tentativa de aplicar un incremento desmedido al costo del marbete vehicular en la República Dominicana constituye una señal alarmante de desconexión entre las prioridades recaudatorias del Estado y la agobiante realidad económica que asfixia a la ciudadanía. 

Gravar con mayor rigor un derecho tan elemental como el de transitar libremente por el territorio nacional no solo resulta una medida inoportuna, sino un castigo frontal a la clase trabajadora y a los sectores productivos que cada día encienden un motor para ganarse el sustento.

En nuestro país, disponer de un vehículo propio dista mucho de ser un símbolo de opulencia o un privilegio suntuario; es, en la inmensa mayoría de los casos, la única respuesta viable ante un sistema de transporte público fragmentado, costoso e ineficiente. 

Penalizar a los propietarios de automóviles con aumentos exorbitantes bajo pretextos tributarios equivale a trasladar la inercia del déficit público a las espaldas de familias que ya destinan una porción exorbitante de sus ingresos a combustibles gravados y a costosos mantenimientos viales provocados por el deterioro de nuestras calles.

Este nuevo intento impositivo se suma a una cadena ininterrumpida de golpes al presupuesto doméstico, encabezada por una inflación implacable que no da tregua a los artículos de primera necesidad, además del costo de la canasta básica familiar que ha trepado a niveles inasumibles para el asalariado promedio, convirtiendo la compra de alimentos esenciales en una odisea quincenal donde cada visita al supermercado o al colmado rinde menos y deja una sensación generalizada de desamparo frente a la pérdida sostenida del poder adquisitivo.

La precariedad se profundiza aún más cuando se analiza el colapso y encarecimiento de los servicios públicos más elementales, porque mientras la tarifa eléctrica continúa su escalada ascendente bajo justificaciones técnicas que no convencen a nadie, las interrupciones en el suministro siguen castigando los hogares y negocios. 

A esto se añade la humillante escasez de agua potable en decenas de sectores vulnerables y de clase media, donde las familias se ven obligadas a pagar doble una factura formal al Estado y camiones cisterna privados para cubrir una necesidad biológica indispensable.

Resulta inaceptable que mientras se exige sacrificio y paciencia al contribuyente de a pie, no se perciba una contención proporcional en el gasto público improductivo ni una mejora tangible en la calidad de los servicios que justifican el cobro de impuestos. 

Los gobiernos deben comprender que la capacidad de aguante de una sociedad tiene límites claros y que recurrir sistemáticamente al bolsillo ciudadano para subsanar baches presupuestarios erosiona de forma irreversible la confianza democrática y la paz social.

Desde CICLONOTICIAS.NET levantamos nuestra voz para exigir una rectificación oportuna, sensatez y verdadera empatía frente a la crisis que atraviesa la familia dominicana. 

Gobernar no puede reducirse al cálculo frío de crear o inflar tasas impositivas al amparo de la necesidad ajena; gobernar exige aliviar la carga, proteger el bienestar común y entender que la población dominicana ya no resiste una estocada económica más.

M/B