Los economistas aseguran que se trata de una de las mayores transformaciones al sector privado en Cuba, pero se preguntan por el marco legal

EL PAIS

El Gobierno de Cuba, en medio de la peor crisis de todos sus tiempos, admite ahora aquello que por décadas le ha costado aceptar: que si alguien tiene posibilidad de salvar el país, esos son los propios cubanos. Esta semana, la Gaceta Oficial publicó el decreto que modifica las regulaciones que por años impidieron a los emigrados convertirse en socios empresariales en sus propias tierras. Una reforma al artículo 54 del Decreto Ley 133 lo confirma: “Pueden ser socios de las micro, pequeñas y medianas empresas y empresas privadas con más de cien (100) trabajadores, las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional o en el exterior y extranjeros residentes permanentes en Cuba”. La pregunta que se hacen todos, después de años de ostracismo, es por las garantías que tiene un cubano para lanzarse a invertir sin que el Gobierno dé marcha atrás a esta batería de aperturas.

En medio de una asfixia que el país venía arrastrando y que ha sido reforzada con el cerco económico y las sanciones de la administración de Donald Trump hacia La Habana, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel había sugerido desde antes que estaban dispuestos a abrirle las puertas a los cubanos en el exterior. “A quien quiera construir con Cuba sin pretender imponer nada, le decimos con el corazón en la mano: aquí está tu casa, y aquí tienes la puerta abierta. Porque a esta patria, en esta hora, no le sobra ningún buen cubano”, había dicho anteriormente el mandatario, a días de que anunciaran su mayor reforma económica en años, un paquete de 176 medidas con propuestas que atribuyen mayor autonomía a las empresas estatales; autorizan la inversión extranjera del sector privado sin la mediación del Gobierno; una flexibilización y toma de decisiones sobre los salarios; la creación de bancos privados. O sea, el vuelco más radical anunciado en la isla desde 1959.