POR MARINO BÁEZ
El desarrollo de una nación comienza inevitablemente en el corazón de sus comunidades locales y es allí donde el ciudadano común experimenta el quehacer del diario vivir pero esto no es lo que se vislumbra en República Dominicana cuando se trata del diseño legal e institucional de los municipios, ya que los gobiernos municipales siempre prometen una gestión de cercanía con la comunidad, orientada supuestamente al bienestar colectivo; sin embargo, para desgracia del ciudadano las mismas siempre se quedan durmiendo el sueño eterno.
La realidad de los municipios camina por un sendero opuesto debido a una apatía estructural que sofoca las aspiraciones geográficas de todos los pueblos, debido a la desconexión entre el espíritu de las leyes y la práctica cotidiana lo que se evidencia en un estancamiento dramático de todas las provincias, excepto las que están cercanas al Palacio de Gobierno. Esta cruda realidad es consecuencia de la rivalidad partidista; y por ende, por la falta de voluntad política y una profunda convicción de que el cambio para los grandes líderes siempre será insostenible.
Esta desidia del poder municipal, cobijada por la corrupción, se manifiesta, a pesar de que el país cuenta con una legislación dominicana que le otorga formalmente a los ayuntamientos una autonomía que, en la práctica, se ha convertido en una quimera inalcanzable, en razón de que el Artículo 199 de la Constitución dominicana define a los municipios como la base del sistema político-administrativo local, dotados de autonomía presupuestaria y de un patrimonio propio con el cual se debería garantizar su desarrollo sostenible.
Los municipios tienen todo el derecho de ser sustentados económicamente, tal y como lo establecen nuestras leyes; sin embargo, los gobiernos han preferido estrangularlos financieramente mediante una centralización desmedida con la que impiden que las municipalidades ejerzan la verdadera independencia económica que les corresponde, atándolos de pies a cabeza con la cobija de un centralismo que asfixia su capacidad operativa.
¿Por qué los alcaldes y regidores prefieren callar, antes que reclamar el cumplimiento de la Ley? Nuestra carta constitutiva traza una ruta clara hacia la descentralización que el Poder Ejecutivo suele ignorar y que está sustentada en el Artículo 204 de la Constitución, el cual establece de forma imperativa que “el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales”, no obstante, dicha asignación de fondos públicos se ejecuta a cuentagotas, manteniendo a las provincias bajo un régimen de subordinación y humillación, visto que debido a la falta de subsidios reales son condenadas a desenvolverse mediante una gestión de inoperancia descomunal.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, la gestión interna de muchos ayuntamientos agrava la crisis institucional de forma alarmante, por ejemplo, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 21, establece límites estrictos para controlar el destino de los fondos locales y; aunque recientes modificaciones legislativas flexibilizaron la partida de gastos de personal hasta un treinta por ciento (30%), la mayoría de los alcaldes son reincidentes violando estos topes legales.
¿Cuáles son, entonces, los resultados?, sencillo, el abultamiento desproporcionado de las nóminas responde únicamente a compromisos clientelares y de favores políticos, contribuyendo así a dilapidar los pocos recursos propios que se recaudan y los que asigna la LMD (Liga Municipal Dominicana).
Es mucho más visible la inteligencia de las autoridades municipales, debido a que al parecer las alcaldías alteran estos porcentajes para financiar la opacidad burocrática, cometen una estafa directa contra el bienestar comunitario. El ciudadano contempla con indignación cómo el presupuesto participativo y las obras prioritarias se disuelven en el pozo del favoritismo, razón por la cual se hace necesario el desmantelamiento de este entramado de complicidades y exigir una fiscalización social rigurosa y un despertar ético innegociable.
Frente a este panorama sombrío, es justo destacar que los municipios dominicanos albergan un potencial humano y geográfico extraordinario que puede ser el motor de un desarrollo sin precedentes y no podemos permitir que la mala gestión del pasado defina de forma permanente los límites del futuro nacional. El pesimismo debe ser reemplazado por una visión audaz de transformación que inspire una gobernanza dirigida al fortalecimiento de la sociedad.
El éxito de la descentralización no es una utopía teórica, es una realidad palpable en diversas latitudes del planeta, por ejemplo, países como Colombia y España han demostrado que transferir poder y recursos a las regiones genera un impacto directo en el progreso, visto que en esas naciones, la autonomía local permitió a las comunidades priorizar sus necesidades y ejecutar presupuestos con mayor fiscalización. ¿Qué pasaría con una buena administración de los recursos públicos?, pues, cuando el ciudadano observe que el dinero del pueblo se queda en su entorno, estoy seguro se va a involucrar activamente en la gestión.
Para replicar estos casos de éxito, el liderazgo local dominicano debe asumir un compromiso sagrado con la eficiencia. Gestionar con excelencia los pocos recursos disponibles es la mayor demostración de patriotismo y capacidad que un alcalde puede ofrecer. La optimización del gasto, la eliminación de botellas y la inversión en proyectos sostenibles transforman comunidades en poco tiempo. Un presupuesto modesto, manejado con manos limpias y mente clara, rinde el doble que una fortuna dilapidada.
El verdadero poder municipal no radica en el tamaño de su nómina, sino en su impacto social, por tal razón, la motivación para cambiar el rumbo debe nacer de la convicción de que merecemos vivir en entornos dignos y seguros. Cada acera reparada, cada parque iluminado y cada sistema de desechos eficiente es una victoria contra la desidia del poder.
El autor es escritor y periodista
Reside en Estados Unidos
Octubre 6, 2026
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