Por MARINO BÁEZ
La República Dominicana transita por una paradoja jurídica donde la estructura formal del Estado es utilizada constantemente para desmantelar la esencia ética de la Nación, convirtiendo los salones del Congreso Nacional en un sofisticado taller de orfebrería donde los intereses partidarios tradicionales diseñan trajes a la medida de la delincuencia de cuello blanco, mientras el ciudadano común contempla con profunda frustración cómo la democracia se reduce a una coreografía electoral que se repite de manera implacable cada cuatro años.
Este vendaval de desidias institucionales encuentra su raíz histórica en la herencia de un patrimonialismo arraigado que sobrevivió a la tiranía trujillista y se consolidó en los pactos políticos de finales del siglo XX, instaurando una cultura donde el erario es percibido como un botín de guerra legítimo para el enriquecimiento de familiares y allegados, debilitando sistemáticamente los mecanismos de fiscalización social para que la alternancia en el poder no signifique nunca una verdadera rendición de cuentas ante la justicia ordinaria.
Las denominadas legislaciones fantasmagóricas no son el resultado de la ignorancia o de la ineptitud técnica de los legisladores, sino sofisticadas estrategias de blindaje que introducen plazos de prescripción ridículamente cortos para los delitos de corrupción administrativa, asegurando con esto que los expedientes de malversación pública mueran por el simple paso del tiempo en los despachos judiciales o queden sepultados bajo toneladas de tecnicismos procesales creados deliberadamente para cansar la memoria de los dominicanos.
A lo largo de los debates legislativos recientes, en torno a la reforma penal del país, organizaciones civiles, entre ellas, Participación Ciudadana, han tenido que levantar alertas históricas frente a los constantes intentos de atenuar las penas por desfalco estatal, evidenciando cómo el liderazgo político tradicional procura fragmentar las definiciones legales del delito financiero para despojarlo de su gravedad sustantiva y garantizar que los responsables directos conserven intactas las fortunas extraídas de las costillas del pueblo.
Incluso, los procesos de modernización legislativa, como las recurrentes enmiendas al Código Penal, impulsadas bajo la Ley 74-25, se han visto salpicados por la técnica del madrugonazo parlamentario donde se modifican artículos a contrarreloj para introducir párrafos transitorios que diluyen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y suavizan el castigo a la malversación de fondos públicos, transformando las sesiones de urgencia en una burla descarada a los principios de transparencia que el mismo Estado dice defender.
Estas maniobras encuentran un manto de protección perfecto en el mantenimiento de fueros parlamentarios y jurisdicciones de privilegio que impiden procesar a los altos funcionarios públicos, bajo los mismos estándares que se aplican a los ciudadanos de a pie, forzando que los juicios por enriquecimiento ilícito se ventilen exclusivamente ante altas cortes que históricamente han sido el resultado de repartos partidarios y componendas políticas en los órganos de selección judicial.
Para silenciar la indignación pública y neutralizar la fiscalización ciudadana, los legisladores recurren de manera sistemática a la redacción de normas mordaza disfrazadas de protección al honor o combate al ciberacoso, pretendiendo con estas figuras intimidar al periodismo independiente y criminalizar la libre expresión de un conglomerado social que se niega a normalizar el saqueo descarado de las instituciones que deberían garantizar el bienestar nacional.
Mientras el país exhibe cifras destacadas de crecimiento económico en la región y se promueven reformas constitucionales orientadas al blindaje electoral, la brecha entre el desarrollo social y la opulencia de las élites gobernantes se ensancha debido al desvío de los recursos públicos hacia las estructuras clientelares de los partidos tradicionales, demostrando que la pobreza administrativa de la nación no obedece a la escasez de riquezas naturales sino a la voracidad de un grupo de Tígueres con sacos y corbatas.
El ayuntamiento, el congreso y los tribunales de la república operan con frecuencia bajo la lógica de una corporación privada destinada a la protección de intereses particulares, donde la dignidad humana de los dominicanos es barrida como una molestia transitoria después de cada proceso electoral, dejando a las instituciones públicas desprovistas de personal técnico calificado para rellenarlas con activistas cuya única credencial es la lealtad ciega al caudillismo que hurga en las esferas del palacio nacional.
Esta realidad erosiona de manera peligrosa el contrato social de la nación y siembra una profunda desconfianza en las herramientas democráticas, pues el ciudadano promedio percibe que la ley no es un instrumento de orden y justicia universal, sino un laboratorio de iniquidades manejado por aves carroñeras que destruyen el tejido institucional para asegurar que la impunidad continúe siendo el mayor incentivo para dedicarse a la actividad política organizada.
La superación de este panorama sombrío requiere necesariamente que la sociedad civil dominicana trascienda la queja pasiva y profundice en la auditoría constante de cada párrafo que se redacta en las comisiones del congreso, arrebatando a los partidos tradicionales el monopolio de la creación normativa y exigiendo que el diseño de los códigos penales responda a la necesidad urgente de castigar con severidad el robo del patrimonio público.
Solo mediante un fortalecimiento institucional auténtico que rompa los lazos del clientelismo y depure de raíz los laboratorios jurídicos del Congreso Nacional podrá República Dominicana rescatar la dignidad de su Estado y hacer honor a la grandeza cultural de su Nación, garantizando que el dinero público se invierta en salud, educación y desarrollo sostenible en lugar de seguir alimentando los privilegios de una clase gobernante podrida e insaciable.
El autor es escritor y periodista
Reside en Estados Unidos
Julio 27, 2026
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