POR MARINO BÁEZ
La sociedad civil y la opinión pública dominicana observan con atención el Tribunal Superior Electoral (TSE), organismo judicial que evalúa una demanda formal para anular la personería jurídica de más de 33 partidos políticos minoritarios, bajo el argumento central que exige la aplicación estricta de la ley, debido a que en su totalidad no alcanzan el más mínimo de apoyo al ponerse en marcha las elecciones cada cuatro años.
Dicha revisión casuística y hecha por primera vez en República Dominicana, se fundamenta en el artículo 75 de la Ley número 33-18, apartado que basa las supuestas indagaciones en aquellas agrupaciones que no obtienen ni siquiera el 1% de los votos válidos en los comicios generales, las cuales, de acuerdo con la misma se arriesgan a perder su reconocimiento legal, por lo que automáticamente se demanda cortar de raíz el financiamiento estatal a estructuras que carecen de un respaldo popular, real; y por ende, comicial.
Para muchos ciudadanos, el sistema de partidos actual disfraza un esquema de rentabilidad económica, en consecuencia, se critica que estas organizaciones operen como “partidos bisagra” o franquicias electorales y bajo la sombra de intereses, muchas veces, confabulados con el propio gobierno y la Junta Central Electoral (JCE), lo que deja más que clarividente que el propósito percibido no es representar ideales, sino negociar alianzas estratégicas para asegurar cuotas de poder y fondos millonarios de los contribuyentes.
La distribución económica de la JCE alimenta el descontento social, todo esto, a pesar de que durante décadas los partidos mayoritarios han absorbido más del 80% de los fondos, mientras que el 8% restante se reparte entre las fuerzas menores, por lo que en la práctica, esto se traduce en sumas millonarias del presupuesto nacional destinadas a mantener vivas a cúpulas sin aceptación; y por demás, sin votos ni preferencia en el electorado dominicano.
Los defensores del modelo actual argumentan que el financiamiento estatal previene la captura del sistema. Sostienen con un apego en intereses mesiánicos, que los fondos públicos actúan como una barrera contra el dinero ilícito o el narcotráfico en campañas políticas, tras señalar que eliminar estas siglas reduce las opciones del electorado y debilita el pluralismo ideológico, lo que significa que los denominados partidos con la mayoría de votantes no pueden competir en las elecciones sin los partidos emergentes.
En el plano global, los sistemas políticos organizados democráticamente muestran diversas soluciones a este dilema, en Alemania, por ejemplo, existe la llamada “cláusula del 5%” para evitar la fragmentación del Parlamento y este filtro legal impide que colectivos minoritarios sin arraigo real obstaculicen la gobernabilidad y el gasto público.
Otro caso de referencia es Uruguay, donde los partidos acceden a fondos basados estrictamente en los votos obtenidos, razón por la cual, la rigurosidad de sus controles de fiscalización reduce el incentivo de crear partidos con fines comerciales, un diseño institucional que demuestra tener equidad democrática sin requerir del sostenimiento de estructuras artificiales como partidos sin arraigos políticos.
La decisión final permanece en manos de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE). Su veredicto sentará un precedente histórico sobre la interpretación de las normas de representación y se traducirá en definir si las leyes electorales se aplican con rigor técnico o si se mantiene la flexibilidad del esquema tradicional.
El debate de fondo trasciende la existencia de unas siglas en la boleta electoral. Es hora de que se generen cambios en la estructura de fiscalización que exige la ciudadanía y que urgentemente se produzcan las reformas estructurales que demanda la ciudadanía, a fin de que se fiscalice y optimice el dinero público.
La estabilidad democrática del país dependerá del tránsito impostor del modelo clientelar de los partidos, el gobierno y la Junta Central Electoral, hacia una representación política legítima que se adentre de forma optimizada en las demandas que exige una sociedad que durante décadas batalla por la transparencia.
El autor es escritor y periodista
Reside en Estados Unidos
Septiembre 30, 2026
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