El bolsillo del ciudadano dominicano no resiste un segundo más de presión económica debido a los desproporcionados precios de los combustibles que imperan en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional, donde cada galón se ha convertido en un lujo inalcanzable para la clase trabajadora que sale día a día a buscar el sustento de sus familias en medio de una inflación galopante que devora los salarios, mientras las autoridades justifican la inacción amparadas en las crisis internacionales que azotan los mercados extranjeros globales sin ofrecer soluciones reales y definitivas a la población.

Resulta inaceptable que de cada 1,000 pesos que un conductor destina a la compra de gasolina regular, en nuestro país aproximadamente 410 pesos vayan directamente a parar a las arcas del Estado, una carga impositiva distorsionada que convierte al combustible en una de las fuentes de recaudación más agresivas y confiscatorias del sistema tributario actual, puesto que casi el 41% del costo final que paga el consumidor está compuesto por gravámenes, fondos especiales y márgenes que engordan la maquinaria estatal a expensas del sacrificio diario.

La famosa Ley 112-00 de Hidrocarburos se aplica con una rigidez matemática que sólo parece beneficiar la voracidad fiscal del Gobierno central, el cual se escuda detrás de fórmulas obsoletas para succionar los ingresos de los profesionales, choferes y pequeños empresarios que necesitan el carburante de manera obligatoria para movilizar la economía nacional, transformando lo que debería ser un bien estratégico de desarrollo en un castigo financiero perpetuo que penaliza el trabajo productivo y encarece absolutamente todos los bienes y servicios básicos esenciales.

Desde la tribuna de CICLONOTICIAS.NET denunciamos enérgicamente que la promesa de revisar de forma integral la estructura de precios se ha quedado en el olvido de las oficinas gubernamentales del palacio, donde se prefiere mantener esquemas de paridad de importación inflados, y mantener ahogado el aparato productivo nacional en lugar de transparentar los costos reales, permitiendo que la población dominicana continúe pagando tarifas de primer mundo por servicios e infraestructuras viales que distan mucho de cumplir con los estándares mínimos de calidad internacional.

El argumento oficialista de que se destinan semanalmente cientos de millones de pesos en subsidios para supuestamente contener el impacto inflacionario internacional resulta un consuelo estéril para el motoconchista, el comerciante y las amas de casas que ven sus ingresos disolverse en las bombas de expendio, ya que estas medidas temporales no corrigen la distorsión de fondo ni eliminan el hecho irrefutable de que la gasolina premium supera la barrera de los 338 pesos por galón, un costo sencillamente insostenible para nuestra realidad laboral.

El encarecimiento sistemático de los combustibles se traduce de manera inmediata en un incremento del transporte de carga y de los pasajes urbanos públicos, generando un efecto dominó nefasto que eleva los precios de la canasta básica familiar y golpea con extrema dureza a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana, quienes deben elegir diariamente entre comprar comida o pagar el pasaje para trasladarse a sus puestos de trabajo ante la indiferencia de una gestión que se muestra incapaz de aplicar reformas tributarias justas.

Es hora de exigir una reforma profunda, transparente y humana a la comercialización de los hidrocarburos en la República Dominicana, para desmontar los impuestos excesivos que gravan este recurso vital, pues la estabilidad social del país no puede seguir sosteniéndose sobre las costillas de un pueblo trabajador exhausto que ya no aguanta más cargas impositivas encubiertas en cada galón, por lo que las autoridades pertinentes deben asumir su responsabilidad histórica y detener este desangre financiero que empobrece activamente a toda la nación.