La inmunidad parlamentaria en la República Dominicana se ha transformado en un escudo de impunidad que tolera la violencia de género y el acoso sexual dentro de las más altas esferas del poder político. El principio constitucional concebido para proteger la libertad de opinión de los congresistas se utiliza hoy como una muralla jurídica para silenciar a las víctimas y dilatar los procesos judiciales.

El panorama actual del Congreso Nacional refleja una preocupante falta de voluntad política para sancionar las conductas de acoso y agresión sexual. Mientras las denuncias públicas y formales contra legisladores se acumulan en las instancias judiciales, los mecanismos de control interno de las cámaras legislativas operan bajo una lógica de complicidad corporativa, priorizando el blindaje de sus miembros por encima de la justicia y los derechos de las afectadas.

Esta alarmante normalización de la violencia institucionalizada se perpetúa a través de tres factores críticos:

  1. Privilegio de jurisdicción: Desvía los casos ordinarios hacia tribunales especiales y burocráticos.
  2. Comisiones éticas inoperantes: Actúan como órganos de archivo político y protección mutua.
  3. Retardos procesales deliberados: Desgastan emocional y financieramente a las denunciantes.
  4. Silencio de las bancadas: Subordina la dignidad de las mujeres a los pactos de gobernabilidad.

La persistente falta de un marco penal moderno y la exclusión de figuras delictivas clave en el debate del Código Penal no hacen más que validar las estructuras de poder que despojan a las ciudadanas de espacios laborales y políticos seguros. La impunidad legislativa debilita la confianza en el sistema democrático dominicano y envía un mensaje devastador: el estatus de un legislador vale más que la integridad de una mujer. Es hora de levantar los fueros de protección cuando se trata de delitos comunes y agresiones humanas.